El Estado de Bienestar en cuestión
jueves, 7 de febrero de 2013
martes, 15 de enero de 2013
¡Nuevo Libro! Los Estados de Bienestar en la Encrucijada. Políticas Sociales en Perspectiva Comparada
Acabamos de publicar este libro colectivo titulado Del Pino, E. y Mª J. Rubio (editoras) (2013): Los Estados de Bienestar en la Encrucijada. Políticas Sociales en Perspectiva Comparada. Madrid: Tecnos.
El
Estado de Bienestar es uno de los logros más significativos de los Estados
modernos por su capacidad de proteger a los ciudadanos contra la pobreza cuando
se encuentran en situaciones de riesgo, ―tales como la enfermedad, el
desempleo, la vejez, la niñez o la ignorancia― y de contribuir a corregir, en
mayor o menor medida, las fracturas sociales. El Estado de Bienestar, surgido
en Europa en el último cuarto del siglo XIX, sigue estando presente en los
países más desarrollados del planeta. Sin embargo, su alcance en términos
económicos y sus implicaciones sociales y políticas han sido causas de
numerosas críticas que han llegado a poner en cuestión su existencia en las
últimas décadas.
En este libro se describen y se tratan de explicar las
principales transformaciones que el Estado de Bienestar ha experimentado en las
últimas décadas. Ambas tareas de descripción y explicación se abordan desde un
punto de vista comparativo, lo que permitirá observar la gran variabilidad de
las formas del Estado de Bienestar (tipo nórdico, anglosajón, continental y mediterráneo) que afectan a diferentes dimensiones: a las
características institucionales, al contenido de las políticas sociales, a los
actores predominantes, al tipo de presiones y desafíos a los que se enfrentan,
a sus transformaciones recientes, así como y a sus resultados. Por lo que se
refiere a este libro, interesan los cambios que han afectado a los más
importantes sectores de política, tradicionalmente considerados como del ámbito
social (en concreto: sanidad, pensiones, políticas de lucha contra la pobreza,
de atención a los dependientes, de familia y género y de protección por
desempleo). Asimismo, se analizan otros sectores que, como la educación, las
políticas activas de empleo o la política fiscal, no suelen ser atendidos en
los textos sobre el Estado de Bienestar, pero que, sin embargo, resultan muy
relevantes para entender la verdadera dimensión del intento de conseguir el
bienestar social.
La idea del libro surge porque a pesar de que en España académicos de distintas
disciplinas han abordado el análisis del Estado de Bienestar y existe una gran
cantidad de trabajos publicados en diferentes idiomas que han analizado
pormenorizadamente distintos aspectos del caso español, existe un déficit de libros que de forma sistemática y en
español se hayan interesado por la perspectiva comparada, a diferencia de lo que ocurre
en otras lenguas.
Con la participación de muchos de los mejores expertos en Estado de Bienestar y Políticas Sociales de nuestro país esperamos contribuir a cubrir este hueco. Este es el índice del libro y los autores de sus capítulos:
INTRODUCCIÓN
CAP. I. El estudio comparado de las transformaciones
del Estado de Bienestar y las políticas sociales: definiciones, metodología y
temas de investigación Por Eloísa del Pino (IPP-CSIC) y Mª Josefa Rubio Lara
(UNED)
PRIMERA PARTE
CAP. II. El régimen de bienestar continental: de un
sistema congelado a las reformas estructurales. Por Bruno Palier (CNRS)
CAP. III. Los regímenes de bienestar liberales:
orígenes, resultados y cambios. Por César Colino (UNED) y Eloísa del Pino (IPP-CSIC)
CAP. IV. Las transformaciones del Estado de Bienestar
socialdemócrata. Continuidad y cambio de sus señas de identidad. Por Mª Josefa
Rubio Lara (UNED)
CAP. V. Bienestar Mediterráneo: trayectorias y retos
de un régimen en transición. Por Luis Moreno (IPP-CSIC) y Pau Marí-Klose (IPP-CSIC)
CAP. VI. La imaginación da el poder: estrategias
políticas para evitar el castigo electoral y reformar el Estado de
Bienestar. Por Inés Calzada (IPP-CSIC) y Eloísa del Pino (IPP-CSIC).
SEGUNDA PARTE
CAP. VII. Políticas sanitarias en perspectiva
comparada. Descentralización, mercados y nuevas formas de gestión en el
ámbito sanitario. Por Francisco Javier Moreno Fuentes (IPP-CSIC)
CAP. VIII. La reforma de las pensiones jubilación en
perspectiva comparada. ¿Del Estado de Bienestar al Estado Regulador? Por
Mª Josefa Rubio Lara (UNED)
CAP. IX. Políticas de Protección por Desempleo en
perspectiva comparada: hacia la re-mercantilización y la activación. Por Eloísa
del Pino (IPP-CSIC) y Juan Antonio Ramos (URJC)
CAP. X. La atención a dependencia en una perspectiva
europea: de la asistencialización a la cuasi-universilización. Por Gregorio
Rodríguez Cabrero (UAH) y Vicente Marbán Gallego (UAH)
CAP. XI. Sistemas y políticas educativas comparadas:
transformaciones, convergencias y divergencias en los países occidentales.
Por Miguel Ángel Alegre Canosa (IGOP-UAB) y
Joan Subirats Humet (IGOP-UAB)
CAP. XII. Las políticas de protección a las familias
en perspectiva comparada: divergencias nacionales frente a desafíos compartidos.
Por Margarita León (IGOP-UAB) y Olga Salido (UCM)
CAP. XIII. ¿Cómo se reduce la pobreza en los
países ricos? Políticas de aseguramiento, redistribución y asistencia social en
el Estado de bienestar. Por Pau Marí-Klose (IPP-CSIC) y Marga Marí-Klose (UB)
CAP. XIV. Evolución de la política fiscal y los
sistemas fiscales: de la limitación del Estado a la financiación del
bienestar. Por José Manuel Díaz Pulido (URJC), Fco. Javier Loscos (UCM) y
JesúsRuiz-Huerta Carbonel (URJC)
sábado, 17 de noviembre de 2012
Robin Hood, Mateo y la paradoja de la redistribución
Lo que principalmente se
espera del Estado de Bienestar (EB) es que tenga un impacto positivo en la
eliminación de la pobreza y la desigualdad, bien a través del incremento de los
ingresos de una parte de los ciudadanos y a través de transferencias ―financiadas
con impuestos progresivos y contribuciones sociales―, o bien mediante la
provisión de servicios públicos para la población, o ambas.
El efecto redistributivo
del EB ha sido confirmado por numerosos estudios. Sin
embargo, en los años 70 del s. XX, se llamó la atención sobre el hecho de
que a pesar de la extensión del EB, la pobreza y la desigualdad seguían
persistiendo. En distintos trabajos comparados se ha tratado de explicar hasta
qué punto este resultado puede generalizarse a todos los regímenes de bienestar
(nórdico, liberal, continental o mediterráneo) y a los diferentes programas de
política social.
Efectivamente el tipo de
régimen de bienestar importa para explicar la pobreza y la desigualdad. Los EB
menos generosos e inclusivos, dejan lagunas sin cubrir respecto al bienestar. El
objetivo básico de aseguramiento contra los riesgos del régimen conservador centroeuropeo, reproduce
las diferencias de estatus y conduce a la dualización social, entre los insiders,
trabajadores con carreras laborales largas y estables, por tanto bien
protegidos cuando se quedan en paro o se jubilan, y los outsiders, muy mal cubiertos si caen en desgracia.
En el régimen mediterráneo, por ejemplo, no se han desarrollado algunos de los “pilares”
del bienestar (atención a las personas en situación de dependencia o a las
familias), lo que limita su
eficacia en términos de proteger a determinados colectivos.
También existe un
interesante debate sobre qué tipo de programas corrigen mejor la desigualdad.
Podría pensarse que los programas más
focalizados ―es decir, los que destinan los recursos a grupos específicos,
como los más necesitados, los inmigrantes o las mujeres―, son más eficaces que
los programas universales ―esto es,
los servicios o prestaciones uniformes que benefician a todos los ciudadanos
independientemente de su renta o clase social―. Sin embargo, como han explicado
Korpi y Palme en su paradoja de la redistribución, los programas focalizados,
predominantes en el Reino Unido o Estados Unidos, ― especialmente los que solo
benefician a un escaso número de individuos en su situación de necesidad―,
reciben menos apoyo por parte de los demás ciudadanos. La focalización sería
una especie de estrategia Robin Hood,
en la que se quita dinero a los más afortunados económicamente para
distribuirlo entre los más pobres. Estos ciudadanos afortunados pasan a considerarse
contribuidores netos del EB, ya que pagan impuestos pero no se benefician de
las prestaciones, lo que a la larga puede socavar el apoyo al sistema y
provocar que los programas sean menos generosos y, también, más fáciles de
recortar.
Parte de estos problemas
se obviarían con un sistema de prestaciones
o servicios similares para todos. Aunque estos programas han sido criticados
por producir el llamado efecto Mateo,
«el rico se hace más rico y el pobre se hace más pobre», la evidencia demuestra
que los regímenes universalistas arrojan mejores resultados en la reducción de
la pobreza. Los ciudadanos acostumbran a proporcionar más apoyo a los programas
que pagan pero de los que también se benefician. Cuando puede reunirse bajo las
mismas instituciones del bienestar a los más desfavorecidos con los más afortunados,
las cosas mejoran para ambos, puesto que se produce una mayor presión por la
calidad de los mismos.
Igualmente,
la lógica de funcionamiento de los programas focalizados está detrás de algunos
de sus problemas. Tales programas, generalmente poco generosos, proporcionan
apoyo una vez que otras redes de ayuda han fallado (los servicios públicos o la
propia familia). Sin embargo, cuando el individuo se encuentra ya en situación
de exclusión, es muy difícil evitar la cronificación debido a que se han
perdido las redes de ayuda más elementales. Se trata de un serio problema que
afecta además a la legitimidad de los programas sociales, ya que debido a su
supuesta incapacidad para rescatar a los ciudadanos de la pobreza son
desprestigiados y acusados de desincentivar el esfuerzo individual
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España,
Estado de Bienestar
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martes, 13 de noviembre de 2012
Lo que se lleva en Europa en materia de Estado de Bienestar y política social
Arriba, Vagón de Terecera y abajo Vagón de Primera (Daumier 1875) |
Con la finalidad, en un futuro, de ver hasta qué punto seguimos la moda europea en el Sur, he procedido a elaborar un listado de las principales tendencias en materia de Estado de Bienestar y política social en distintos países en la última década.
Lo primero que llama la atención es que, a diferencia de lo que ocurrió en los años 80 y los primeros 90, en general, los gobiernos se han mostrado muy activos en este sector de política, venciendo la inercia de los programas públicos existentes y las resistencias de los actores que tradicionalmente han defendido el status quo del bienestar (cuestión que tendremos que explicar politólogos y sociólogos). Además, el papel de otros actores, como los ministerios de finanzas o de empleo o de las corporaciones empresariales se ha hecho ahora más visible en el diseño de la política.
De entre todos los países, los de la Europa continental parecen ser los más dinámicos últimamente, en buena medida porque los anglosajones y los nórdicos lo fueron en la década anterior. Otro asunto bien interesante es que en muchas ocasiones las políticas no suponen menos sino más intervención del Estado en forma de control administrativo. Por sectores de política social, se han producido reformas en todas ellas aunque, en principio, los recortes son más duros en pensiones y protección por desempleo.
Sin ánimo de ser exhaustiva, el catálogo de los cambios se podría sintetizar en:
1) Apuesta por convertir en empleables al máximo número de ciudadanos
-- A diferencia de las políticas de los 80 que favorecían la salida del mercado laboral de mujeres, mayores y discapacitados para garantizar el empleo de los varones cabeza de familia, en la actualidad estos colectivos vuelven a considerarse empleables y por lo tanto reciben presión para que busquen un trabajo.
-- Se subvenciona a los trabajadores pobres. Con la finalidad que los desempleados trabajen aunque sea en un empleo precario, el que el individuo tenga un trabajo se ha convertido en una condición para que pueda recibir la prestación, que completa el insuficiente salario.
-- Puesta en marcha de las políticas de activación y no solo en relación con la política de protección por desempleo. En este sentido, se condicionan las prestaciones (rentas mínimas, subsidios,... etc.) a que el individuo tenga un comportamiento "activo" (buscando un empleo o de otro forma). Aún así, estas políticas son muy distintas según los países y mientras en algunos lugares tiene un enfoque negativo, de castigo, en otros su filosofía es la contraria.
-- Flexibilización laboral: básicamente se facilita el uso de contratos a tiempo a tiempo parcial o de duración determinada.
-- Facilitación del autoempleo
2) Recortes y remercantilización
-- Especialmente en las pensiones públicas: retraso de la edad de jubilación, fomento de los planes de pensiones privados obligatorios y voluntarios, reducción de la cuantía de la pensión, debilitamiento del sistema de reparto (que es el que tenemos aquí)
-- En la protección por desempleo, se recorta la prestación en cuantía y duración, se desvincula de la carrera contributiva previa (para que haya menos resistencias a su recorte), se acorta el tiempo en que se reciben la prestación contributiva y se alarga el subsidio no contributivo, que es menos generoso.
-- Privatizaciones, introducción de libre elección y el copago en educación y sanidad que, en general, traen como consecuencia la remercantilización (hacer a la gente más dependiente del mercado para satisfacer su necesidades)
-- Recorte del gasto farmacéutico (lo incluyo porque este gasto tiene un nada desdeñable efecto redistributivo)
3) Nuevas políticas de protección para colectivos específicos: familias, niños, mujeres, ancianos y desfavorecidos
-- Mientras en algunos países la desregulación está trayendo como consecuencia un fuerte aumento de la pobreza y la desigualdad (y de la dualización del mercado de trabajo), otros, previendo estás consecuencias están tratando de mejorar la protección a los trabajadores precarios (que antes no tenían derecho a desempleo, por ejemplo).
-- Desarrollo de políticas de conciliación de la vida laboral y familiar, con especial, el apoyo a las mujeres y a las madres o padres solos.
-- Atención a la dependencia, en especial en relación con los ancianos
-- Apuesta muy decidida en algunos países por políticas de lucha contra la pobreza, especialmente la pobreza infantil.
-- La creciente evidencia empírica que relaciona la pobreza con la falta de oportunidades desde la infancia ha hecho a apostar a algunos por mejorar la atención a los niños desde los primeros momentos de la vida. Esta será previsiblemente una política estrella en los próximos años.
martes, 25 de septiembre de 2012
Propuestas para repensar el Estado de Bienestar
A partir de la crisis de 2008, el futuro del Estado de Bienestar (EB) se observa con incertidumbre, en particular
por parte de quienes viven en los países del sur de Europa. De entre todos
los actores políticos y sociales, hay uno, la socialdemocracia, de quien
especialmente se esperarían propuestas sólidas de adaptación del EB
tradicional, y más si ésta realmente ha asumido, como a veces parece haberlo
hecho, que la globalización y la post-industrialización hacen inviable el EB tal y como lo conocemos. En contra de lo que pudiera parecer ahora no existe un único
camino posible por el que pueda transitar el Estado de Bienestar (EB).
Una opción
claramente reconocible en el debate es la de quienes piensan que si es necesario
mantener un EB, éste tiene que ser mínimo. Por un lado, en
opinión de algunos la responsabilidad para garantizar el bienestar debe
devolverse a la comunidad. Se aboga por la desburocratización y la auto-gestión
comunitaria de forma que ésta esté más localizada y sea menos jerarquizada. Por
otro lado, los neoconservadores y los neoliberales son, por ejemplo,
partidarios de que la responsabilidad por el bienestar recaiga en las familias
y en los mercados, mientras que el alcance del Estado debe limitarse a la
provisión de la seguridad colectiva frente al exterior, la preservación de la
ley (normas que regulan la propiedad privada y los contratos,
esencialmente) y el orden, y la provisión de aquellos bienes públicos que el
mercado no puede proporcionar de forma eficiente (p. ej., construcción
de carreteras o seguridad interior). Como mucho, el Estado podría intervenir
como última red de protección social, cuando los otros mecanismos han
fallado.
Sin embargo,
estas propuestas presentan numerosos problemas prácticas
y sustantivos.
Por ej., problemas derivados de los riesgos de la informalidad en la
prestación de los servicios como la falta de continuidad en los mismos o la
arbitrariedad –-ambas mejor garantizadas por el aparato estable e impersonal
del Estado--; de la inequidad a que pueden dar lugar soluciones demasiado
locales; la falacia de la libre elección ya que ésta se limita solo a los
más afortunados económicamente, mientras que los servicios públicos mal dotados
o financiados se queden para los que no pueden elegir por disponer de menos
recursos económico o sociales; o, entre otras muchas críticas, el alto riesgo
de reproducción de las desigualdades derivadas de la familia donde se nace, si
no existe ningún mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades. Debido a los problemas mencionados, la socialdemocracia no parece
que pueda aceptar las dos propuestas relacionadas con el Estado mínimo.
El Estado de Bienestar orientado a la inversión
social, basándose en propuestas de Giddens y/o Esping-Andersen,
parte de la idea de “preparar” más que “reparar”. En la era del conocimiento, el aprendizaje continuo (y en cierto
modo la auto-reinvención) a lo largo de la vida, se convierte en una necesidad
básica para lograr navegar con éxito en un economía distinta, en la cual, mal
que nos pese, la seguridad (del empleo y otras) ha dejado de existir y han
surgido nuevos riesgos sociales (derivados del nuevo papel de la mujer, de la postindustrialización, de la inmigración, del envejecimiento, entre otros...). En este contexto y frente a
la visión neoliberal, en la que las políticas sociales son vistas
como un rémora y un coste que hay que minimizar, esta propuesta, que aspira a
convertirse en el nuevo paradigma inspirador del EB del siglo XXI, considera
que las políticas sociales pueden utilizarse estratégicamente para contribuir
al crecimiento económico y del empleo a la vez que a satisfacer sus objetivos
inmediatos de luchar contra la desigualdad y la pobreza.
El énfasis se
hace en políticas que inviertan en capital humano (la educación temprana de los
niños, basada en la evidencia que sostiene que la escolarización temprana
previene la pobreza y la desigualdad, y la formación constante, a lo largo de toda la vida) y en
otras que hacen más eficiente el capital humano (a través de políticas de apoyo
a las mujeres y los padres o madres solos, las políticas activas de empleo y la
llamada flexiseguridad, la vejez activa, la integración de los inmigrantes y la
modernización administrativa). Algunas críticas sostienen que estas propuestas suponen mayor intervención del
Estado y otras, casi opuestas, le acusan de entrar en la lógica
neoliberal. Sin embargo, en relación con las últimas, Morel, Palier y Palme (2012)* argumentan que existen diferencias sustantivas tanto en el diagnóstico de los
problemas como en las soluciones y sus objetivos. La equidad
se presenta como un elemento clave o las políticas de activación laboral no
sustituyen sino que complementan las tradicionales políticas de protección.
Además, la universalidad y la perspectiva de un Estado que acompaña a lo largo
de la vida son centrales en esta propuesta.
De manera mucho más sintética de lo merecen, también tienen interés las ideas
sobre el bienestar basado en dotaciones universales de capital o renta.
Esta última, implica la concesión de un renta básica sin ninguna condición a cada ciudadano. Se justifica porque una parte de la riqueza de cada generación es el
resultado del conocimiento acumulado de las generaciones anteriores y del uso
de recursos que, como el medio ambiente, son patrimonio de toda la sociedad y
por los cuales todos merecen ser compensados. La primera consistiría en dotar a cada ciudadano
de un capital básico determinado
(para algunos se trata de capital social, en el sentido de habilidades, etc…,
para otros de capital real -existen propuestas de entre 1.000 y 80.000$-) al
cumplir la mayoría de edad que sería financiado a través de los impuestos, que el ciudadano
podría utilizar de diversas maneras (algunos proponen que se limiten a aspectos
relacionados con el bienestar) y con la finalidad última de evitar condiciones
desiguales de partida y aumentar la autonomía personal. Aunque estas propuestas han sido criticadas, algunas iniciativas de
política pública se basan en gran medida en esta idea, p. ej., las ayudas
que se conceden por nacimiento.
* Nathalie MOREL, Bruno PALIER y Joakim PALME (eds.) 2012: Towards a social investment Welfare State. Ideas Policies and Challenges. Bristol, The Policy Press.
* Nathalie MOREL, Bruno PALIER y Joakim PALME (eds.) 2012: Towards a social investment Welfare State. Ideas Policies and Challenges. Bristol, The Policy Press.
viernes, 3 de agosto de 2012
Balance de la educación en España 2008-12 (algún dato para poder opinar con fundamento)
Mientras España tiene buenos resultados en relación con la
equidad de acceso al sistema educativo, estando entre los mejores países de la
OCDE (ver datos más abajo procedentes del informe Social Justice in the OCDE 2011), sus resultados en términos de rendimiento educativo
dejan todavía mucho que desear (ver datos más abajo del Informe Pisa, MEC 2010). El abandono escolar sin haber obtenido un
título de secundaria era en España en 2010 más del doble que el de la UE-27 (28.4 frente a 14,1%
en 2010), en buena medida debido a nuestro fantástico sistema productivo que
alentaba a muchos jóvenes a abandonar la escuela para ganar dinero en el
construcción o derivados (encontrándose ahora en medio de la crisis SIN trabajo y SIN formación para
encontrar un nuevo empleo).
2004 a 2010 (de 739 millones
de euros a 1.529). Ya con en el marco de la crisis y la nueva realidad
socioeconómica, aprobó algunas otras medidas que pretendían impulsar la
formación profesional, muy deficitaria en España. Sin embargo, en los últimos años, los presupuestos de educación han
disminuido en unos 3000 millones de euros (un 15% por estudiante) a pesar de
que el número de estudiantes, especialmente los de los centros públicos, se ha
incrementado (CES 2012).
Entre los principales desafíos del sistema educativo, algunos
sugeridos por la UE, pueden citarse:
bajar la proporción de jóvenes de 15 años que no alcanzan un nivel mínimo en
las competencias básicas para el aprendizaje y reducir el fracaso escolar y el
abandono escolar temprano. Igualmente, es necesario incrementar la
escolarización de niños entre 0-2 (pues existe evidencia científica sobre
que la escolarización temprana mejora el desarrollo intelectual sobre todo de los
más desfavorecidos, correlaciona negativamente con el abandono escolar y
positivamente con la evitación de pobreza) y la cantidad de titulados en carreras técnicas (ver informe del Consejo
Económico y Social para 2011, CES 2012).
Además de las
iniciativas relacionadas con la educación infantil (que se verán en una entrada
dedicada a las políticas de familia), la principal aportación del Gobierno del PSOE
fue el incremento de las becas, tratando de frenar el abultado abandono
escolar. El gobierno duplicó la cantidad dedicada a las becas desde
El
Gobierno de Rajoy aprobó en mayo de 2011 una serie de medidas urgentes de
racionalización del gasto público en educación que afectaban a las CCAA e
incluían algunas como el aumento de un 20% del número de alumnos por clase, el
incremento de las horas lectivas del personal docente y otras que aplazan o
cancelan compromisos adquiridos a veces en leyes orgánicas. La mayoría de las CCAA han realizado
recortes en 2012 que incluyen desde despidos de profesores, a recortes
salariales, paralización de la construcción de nuevas infraestructuras y de la
mejora de las existentes o reducción del presupuesto de funcionamiento
cotidiano de los centros. En algunas de ellas han desaparecido programas de
becas comedor o para la compra de libros o de apoyo para determinados
colectivos. Muchas de las medidas mencionadas se aplican también a la enseñanza
universitaria.
La educación es un sector extremadamente
polémico en España, donde el cambio de normas educativas básicas coincide con
los cambios de color en el gobierno. El Gobierno del PP también pretende,
entre otras reformas, adelantar un año para todos la bifurcación entre
bachillerato y FP, es decir, modificar la comprehensividad a pesar de las recomendaciones
de la OCDE (2012) según las que hay que “evitar la separación temprana y
diferir la selección de estudiantes hasta la educación media superior” (ver por
ej. Fernández Enguita en El País o los trabajos de M. A. Alegre).
Todas
las medidas de recorte han dado lugar a una gran movilización social y a la
denominada “marea verde” en defensa de la “escuela pública”. Algunas de ellas han
sido recurridas ante el T. Constitucional por vulnerar las competencias
educativas de los gobiernos regionales. A finales de julio de 2012, al menos el
recurso presentado por Navarra había sido admitido a trámite. Algunos han sostenido que existe cierto
margen para el recorte del gasto y que lo importante no es tanto su cuantía
sino la estrategia de cómo gastarlo. Sin embargo, debe recordarse que España
tiene desafíos muy serios en educación, a los que países con un nivel de gasto
similar al nuestro antes del recorte ya habían respondido hace tiempo. Cabe preguntarse
si se podrá hacer más que los demás con menos y un personal desmotivado y
mermado o, por el contrario, si se deshará el camino ya andado en materia de
equidad.
martes, 24 de julio de 2012
Un balance de la sanidad entre 2008 y 2012 (datos para poder opinar en las tertulias con fundamento)
La semana pasada proponía un Breve balance de situación del Estado de Bienestar español (datos para poder opinar en las tertulias con un poco de fundamento) y me comprometía a profundizar en esos datos política por política. Empiezo hoy con la sanidad (aunque no me resisto a recordar que se estima que gastaremos 212.000 millones de euros en sanear la banca mientras que el último recorte de Rajoy es de 65.000 millones ¡imaginen lo que podría hacerse en educación o sanidad con la primera cifra!).
A pesar de que la
mayoría de los españoles habría afirmado que el sistema sanitario (SNS) era de
cobertura universal, lo cierto es que no alcanzó tal naturaleza hasta julio de
2011 en la Ley General
de Salud Pública, mediante la que el Gobierno de Zapatero con el apoyo del arco
parlamentario reconoció la protección sanitaria a los 200.000 ciudadanos
(alrededor de un 0,5 de la población) que carecían de ella, entre ellos
desempleados sin prestación y profesionales autónomos. Sin embargo, ésta parece
haber sido la última buena noticia en el sector.
Tanto el Gobierno Central como la mayoría de las C.
Autónomas (CCAA) han actuado sobre la sanidad estos años. Un primer conjunto de
medidas ha pretendido reducir nuestro abultado gasto farmacéutico que es uno de
los mayores del mundo (OCDE 2011). Como reconoce la Ministra de Sanidad, uno
de cada 4 euros en sanidad se gasta en farmacia y representa la causa principal
de la deuda sanitaria española (recuérdese, sin embargo, que el peso de la
sanidad en el conjunto del PIB español es menor que el de los países de nuestro
entorno y a pesar de ello tenemos un sistema sanitario eficaz y eficiente a
juicio de la Organización Mundial de la Salud
y los ciudadanos (datos del Eurobarómetro). Estos datos en gráficos se pueden ver más abajo.
El gasto farmacéutico
tiene un fuerte impacto redistributivo y por ello las actuaciones sobre él no
deben considerarse marginales. En 2010, el Gobierno del PSOE trató de
contener este gasto mediante la aprobación de varias medidas como la obligación
de recetar por principio activo o la imposición de rebaja de precios a la
industria farmacéutica. Estas medidas, que preveían alrededor de 5.000 millones
de euros de ahorro, no fueron sin embargo eficaces, debido entre otras razones a la enorme presión de la Industria Farmacéutica.
Ya con el Gobierno
del PP, el RDL 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones contiene más iniciativas destinadas a conseguir más el primer objetivo
que menciona, a través del ahorro de unos 7.000 millones de euros, que el
segundo. Estas medidas pueden calificarse de un recorte claro que tendrá un impacto serio en la ciudadanía. En
lo que se refiere al gasto en farmacia, la norma apuesta por un incremento del
copago farmacéutico para los trabajadores activos (entre un 40 y un 60% del
precio según su renta), introduce el copago a
los pensionistas (entre 8 y 60 euros al mes según la renta), deja de
financiar 456 medicamentos y parte de otros productos farmacéuticos como prótesis,
productos dietéticos y el transporte en ambulancia para casos no urgentes.
Según algunos cálculos el gasto farmacéutico sufragado por los pacientes se
doblará, pasando del 6 % actual a
un 12% y, lo peor es que en algunos casos es probable que el gasto
aumente porque los pacientes presionarán para que se les receten fármacos
financiados.
Más allá del gasto farmacéutico, en esta norma se excluye de
la asistencia sanitaria a la población inmigrantes de más de 18
años en situación irregular, teniendo únicamente acceso a las urgencias en casos
de enfermedad
grave o accidente y en asistencia al embarazo, parto y
postparto. El Gobierno tuvo que corregir
la exclusión de algunos colectivos concretos que con la norma mencionada
quedaban sorprendentemente sin protección (como los mayores de
26 años que no hubieran cotizado y no pudieran demostrar la falta de recursos).
Aún así, hoy están protegidos todos los que residan legalmente en España salvo
los que no han cotizado antes y tengan rentas inferiores a 100.000 euros. Todas
esas exclusiones no dejan de ser llamativas y muy preocupantes en un país donde
se supone que la sanidad es universal.
El País Vasco, por ejemplo, ha asegurado mediante norma (Decreto
114/2012, sobre el régimen de las prestaciones sanitarias del SNS en el
ámbito de la CA Euskadi)
la cobertura de toda la población residente en la CA incluidos inmigrantes en situación irregular y
la no aplicación de los copagos farmacéuticos o la exclusión de medicamentos. Pero
lo cierto es que la mayoría de las CCAA han anunciado todo tipo de recortes (personal, prestaciones, horarios de
atención o cobertura), tasas (ej. de renovación o extravío de la tarjeta
sanitaria) y copagos (ej. el céntimo sanitario), importantes privatizaciones que
aunque pueden disimular la deuda los primeros años, a medio plazo aumentarán el
gasto sanitario (ver Pollock, Hellowelly) y otros cambios significativos y graves como la alteración de los
criterios de planificación sanitaria en el caso de Madrid.
En la práctica y para finalizar, los recortes en este ámbito
alteran el caracter univerasl de la sanidad, con bastante seguridad conducirán a la
existencia de varios modelos sanitarios no solo entre los ciudadanos de
distintas CCAA sino también entre los de diferente nivel de renta y modificarán
muy a la baja la capacidad redistributiva del gasto sanitario, lo que hará que aumente la desigualdad (recuérdese que España es uno de los países con más desigualdad) y la pobreza (también estamos entre los campeones de la pobreza como vimos en la entrafa anterior). Posiblemente ello
supondrá un deterioro de la calidad objetiva y de la calidad percibida de
nuestro sistema sanitario, que hasta ahora estaba situado entre los mejores del
mundo (ver gráficos abajo) y, lo peor de todo, un deterioro de la salud de los ciudadanos. Lo más frustrante es que
estas medidas podrían haberse sustituido por otras sin un impacto tan negativo (ah! y recuerden los 212.000 de la banca).
jueves, 19 de julio de 2012
Breve balance de situación del Estado de Bienestar español (datos para poder opinar en las tertulias con un poco de fundamento)
No se puede negar que en España se han despilfarrado recursos públicos ¿se puede llamar de otra forma al “aeropuerto para personas” de papi Fabra u otros muchos monumentos al despropósito? Sin embargo, la crítica sobre el derroche no puede extenderse al llamado Estado de Bienestar (básicamente sanidad, pensiones, educación, familia, políticas contra el desempleo y la pobreza). Creo que hay confusión y ruido, seguramente interesado, en lo que se dice sobre el alcance del EB en España. Por ello he preparado un resumen (me disculpo porque es un poco largo y necesariamente incompleto por el espacio limitado) sobre el alcance de nuestro EB y/o sus problemas.
El EB español se ha desarrollado de forma considerable desde la restauración de la democracia. Si se observa un indicador habitualmente utilizado para medir el alcance del EB, puede comprobarse que en España el gasto social como porcentaje del PIB ha pasado de alrededor del 8% en 1973 a entre el 21 y 24% en los últimos años (en 1973 en Francia y Alemania se gastaba ya un 23 y 28% respectivamente) En la otra cara de la moneda, si la presión fiscal en 1965 era del 15%, ésta ha llegado en los momentos más álgidos a alrededor del 35 o 36% del PIB en España. Ello además ha ocurrido en un contexto de crecimiento acelerado del PIB español.
Sin embargo, y a pesar de que los países más importantes de la UE hicieron un ejercicio de contención del gasto social durante los 80 e incluso lo recortaron después de 1995, el EB español nunca logró darles alcance (gastamos alrededor de 7 u 8 puntos menos que la media de la UE-27 y la presión fiscal es menor que en otros países como Francia). En concreto, gastamos 8,7 puntos menos que Suecia que estos días se pone como ejemplo de contención del EB desde FAES (datos 2008). Los carencias del EB español han sido suplidas por la familia y, muy especialmente, por las que se han llamado las “supermujeres mediterráneas” que han asumido el cuidado de hijos y ancianos y, hoy de sus nietos (alrededor del 21% de las mayores de 65 años, unas 880.000, cuidan de sus nietos habitualmente).
Este rasgo familista, el desarrollo tardío e incompleto del EB español hace que en las clasificaciones internacionales comparadas se nos sitúe junto a Grecia, Portugal e Italia, lejos de otros países con sistemas mejores o más acabados (como Reino Unido, Francia, Alemania o Suecia). Nuestro EB tiene numerosos problemas derivados de: 1) su todavía bajo nivel de desarrollo; 2) los nuevos cambios sociales que encaran también otros países (nuevos riesgos sociales) 3) la crisis:
Sobre
Educación:
- Los resultados en materia de equidad están entre los mejores de la OCDE (Europa Sustainable Governance Indicators 2011)
- Sin embargo, en calidad están por debajo de la media (aunque más cerca de los mejores países, PISA)
- Gasto: alrededor del 5% del PIB frente a un 5,5% de la UE-27 (Eurostat 2009)
- Enorme abandono escolar: 28.4 frente a 14,1% de la UE-27 (Eurostat 2010)
Sobre Sanidad:
- El Sistema de Salud figura entre los mejores del mundo (OMS –equidad, calidad y eficiencia-, otras consultoras privadas como Health Consumer Powerhouse y también la valoración de los ciudadanos (Eurobarómetro)).
- Gasto: 30% del gasto social frente a un 29% de la UE-27 (Eurostat)
Sobre pensiones:
- Gasto en jubilación: 30% del gasto social frente a 39% UE-27 (Eurostat)
- Problema de sostenibilidad futura porque somos uno de los países del mundo desarrollado más envejecido (esperanza de vida 81,8 años frente a 79,4 UE-27; fecundidad: 1,46 hijos por mujer en edad fértil en 2008, 1,39 en 2009 y 1,38 en 2010 y 2011 –en Francia 2,1 hijos por mujer-). (Eurostat), además
- El desempleo ocasiona que pocos cotizantes tengan que sostener a un número creciente de pensionistas.
- Hoy muchas mujeres ya trabajan, se jubilaran a los 67 ¿quién cuidara de los hijos, nietos...?
Sobre Familia:
- Tradicionalmente desatendida en España. Gasto: 3% del gasto social exactamente la mitad que en la UE-27 (Eurostat).
- En comparación con otros países, gran escasez de plazas en escuelas infantiles para 0-3, lo que dificulta la conciliación para las mujeres que tienen elegir entre trabajo y empleo. Por ello, tanto mujeres como niños, ahora y en el futuro tienen mayor riesgo de pobreza (sabemos que más años en el sistema educacativo disminuyen el riesgo de pobreza, en cuanto a las mujeres si no trabajan no tendrán prestaciones).
- La situación hace que no se pueda avanzar tampoco en igualdad de género.
- Poco apoyo a la natalidad con ayudas u otras herramientas como los bajas y permisos en comparación con otros países
- Política muy desarrollada en los otros países y nada en España hasta 2007. Los últimos recortes la hacen prácticamente desaparecer.
- Serio desafío para la atención a un gran número de dependientes mayores que pasarán a ser el grueso de la población en unos pocos años. Este problema será crítico entre 2030 y 2049, periodo en que se habrá jubilado la numerosa generación de los niños del baby-boom
- Gasto: alrededor de 14% del gasto social (5% UE-27), no es que seamos generosos, es que tenemos muchos parados (Eurostat).
- Desempleo y tasas de temporalidad doblan a la UE-27 (Eurostat)
- En jóvenes, especialmente de baja cualificación, se disparó a partir de 2008 por el estallido de la burbuja inmobiliaria. Muchos de ellos abandonaron la escuela y les será difícil encontrar un empleo por carecer de cualificación. Se verán especialmente perjudicados cuando al final de su vida laboral comprueben que tienen una carrera contributiva insuficiente para tener derecho a determinadas prestaciones.
- Políticas activas (además de recortadas), basadas en el castigo e ineficientes (frente a las de otros países).
- Desempleo, inestabilidad laboral y precio de la vivienda inciden en la tardía emancipación y en el retraso de la maternidad (Finlandia: la edad de abandono del hogar es de 22,5 años, en España es de 28,8 La Caixa 2012).
- En 2008 20% de la población frente a 15% UE. Crece a toda velocidad con la crisis (Eurostat).
- Datos vergonzantes: entre los niños 23,15% y entre los mayores 23,32% (Eurostat).
- Crece el número de trabajadores pobres
- España entre los países de la UE-27 con más desigualdad y ha crecido con la crisis (Eurostat).
- Gasto en políticas contra la pobreza: 1% del gasto social frente a 1,2% UE-27 (Eurostat).
- También en vivienda social gastamos la mitad que la UE-27 (Eurostat).
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