Pero ¿realmente saben nuestros decisores públicos de lo que hablan?

No deja de llamarme la atención el que políticos de todos los colores, altos funcionarios que participan en la adopción de decisiones e incluso algunos académicos de los que crean opinión, afirmen sin parar que es necesario hacer pedagogía con los ciudadanos. Afirman que hay que explicar a la ciudadanía que no puede seguir deseando que se gaste tanto dinero público o que no deben oponerse a los recortes en políticas como la sanidad o la educación. Atribuyen estos deseos ciudadanos a una supuesta inconsciencia, inmadurez o infantilidad.

Yo no puedo evitar que me cause sorpresa que se acuse a los ciudadanos de tener un carácter caprichoso por querer más sanidad y educación pública, sobre todo cuando se les dice que, al menos por lo que se refiere a la educación, todavía estamos a gran distancia de los países a los que nos gustaría parecernos. Pero la principal razón de mi sorpresa es que tales afirmaciones me demuestran que estos colectivos elitistas desconocen dos características esenciales de la sociedad para la que gobiernan o de la que se atreven a opinar. (Aunque no tengan en muchos casos tantos ingresos como para ser calificados de "ricos", son realmente elites desde un punto de vista económico porque en su hogar ingresan más de 6.000 euros al mes que es mucho más que el ingreso medio por hogar -2.050 euros mes en 2010 según el INE-).

La primera cuestión que desconocen es la estructura económica de los hogares en España. En 2011, un 62% de los hogares tenía dificultades para llegar a fin de mes o afirmaba no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos (INE). En muchos de estos hogares vive la clase media formada por profesores, médicos, pequeños empresarios, asalariados…. Se trata de una clase media que puede denominarse así porque ¡contamos con educación y sanidad pública!

Quizá quienes deciden y opinan sí puedan, pero estas elites deberían enterarse de una vez por todas de que la mayoría de las familias españolas no pueden permitirse ni un seguro sanitario privado ni menos aún un colegio privado (a no ser que sea concertado -es decir, pagado con el dinero de todos-). El seguro médico de una familia de cuatro miembros asciende hoy al mes a unos 350 euros (con coberturas y grados de protección limitados en caso de enfermedad duradera o grave). Un colegio privado puede estar alrededor de los 800 euros al mes (con dos hijos, 1.600 euros). En resumen: sanidad y educación privadas pueden ascender a unos 1.950 euros por mes para una familia de cuatro miembros. Como la gente suele tener la mala costumbre de comer a diario y además está obligada a pagar su hipoteca o alquiler, es muy difícil que le salgan las cuentas. A esta gente le aterra el pensar que pasará si, como resultado de los recortes, ha de optar 1) por fórmulas que le cuesten más dinero que el que ya paga con sus impuestos o 2) por seguir en unos servicios públicos que, descapitalizados por estos mismos recortes, no les ofrecen las garantías que les ofrecían antes. Es decir, me parece a mí que de infantiles, los ciudadanos no tienen nada. Se trata más bien de ciudadanos responsables y preocupados por la educación y la salud de sus familias.

La segunda caracteristica es que estas elites tampoco conocen lo que realmente opinan los ciudadanos. Por ejemplo, parecen no saber algo que empíricamente se demostró ya hace mucho tiempo: los ciudadanos auto-limitan sus demandas cuando consideran que se ha conseguido un nivel adecuado del bien o servicio que reciben a cambio de los impuestos que pagan. En el caso de España, desde hace casi dos décadas el CIS viene preguntando anualmente a los ciudadanos por su aceptación de recortes en distintos sectores de política pública. Es cierto, que la mayoría de ellos se oponen a los recortes en periodos de bonanza, pero también es cierto que en periodo de crisis, los ciudadanos entienden que hay que recortar. Durante la crisis, no se ha movido apenas de porcentaje de contrarios al recorte en sanidad, educación o pensiones (alrededor de un 90% de la población) pero ha crecido llamativamente el porcentaje de quienes creen que hay que recortar en defensa, cultura, infraestructuras, medioambiente o incluso en seguridad ciudadana. Creo que esto demuestra que los ciudadanos son extremadamente responsables. Priorizan la sanidad, educación y pensiones porque consideran que garantizan así la seguridad económica de sus familias y la igualdad de oportunidades.

El Futuro de los Estados de Bienestar Europeos

Los días 16 y 17 de abril se ha celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid el XXIII Seminario Permanente de Economía y Administraciones Pública organizado por la Fundación José Ortega y Gasset- Marañón y Goberna América Latina sobre “Futuro del Estado de Bienestar”. El seminario ha abordado este tema de la máxima actualidad a través de la participación de expertos académicos en cada uno de los temas abordados y así como de los representantes de dos de los think-tanks españoles más influyentes, la Fundación Ideas y la Fundación FAES.
Según los ponentes, los Estados de Bienestar europeos se enfrentan a la crisis económica actual en condiciones desiguales. En el caso de
España, la crisis económica ha impactado en su Estado de Bienestar con enorme fuerza. Por otro lado, nuestro Estado de Bienestar es aún modesto y sin haber logrado consolidarse ni alcanzar en generosidad a de los europeos, se ve obligado a reinventarse. Por otro lado, debido a que las bases del modelo productivo han demostrado tener pies de barro, se produje la paradoja de que nuestro Estado de Bienestar presenta problemas de sostenibilidad cuando más necesario se hace para los ciudadanos.
Los ponentes han mostrado que el crecimiento económico no es suficiente para garantizar la cohesión y que para lograrla es imprescindible la existencia de políticas redistributivas. Igualmente, se ha demostrado que los países con Estados de Bienestar más generosos son también aquellos en los que hay menor desigualdad, mayor desarrollo ecónomo y una democracia de mejor calidad. Cada uno de los intervinientes ha realizado propuestas novedosas en distintos sectores de política que tratan de conciliar los retos de sostenibilidad fiscal con los de profundización en la justicia social. Finalmente, se ha argumentado a favor de un nuevo paradigma, que algunos llaman el de la Inversión Social, para el Estado de Bienestar que venga a corregir las limitaciones de las propuestas neoliberales que no consiguen expresar los deseos de los ciudadanos europeos.
Aunque los europeos consideran que puede recortarse en algunos sectores de política pública concretos, como la defensa o las infraestructuras, se muestran mayoritariamente a favor de sostener colectivamente sistemas sanitarios, educativos o de pensiones de cobertura universal y claramente contra de modelos residuales, solo para los más desfavorecidos, en estas políticas. Junto con el apuntalamiento de estas políticas clásicas, en los distintos debates se ha discutido la idoneidad de la activación, la flexi-seguridad, el contrato único o diversas iniciativas para corregir la creciente pobreza infantil.