¿Han dejado los ciudadanos de apoyar el Estado de Bienestar? II

Dado que como se discutió en la entrada anterior, está demostrado que la opinión de los ciudadanos es tomada en cuenta por los políticos cuando diseñan las políticas sociales, una hipótesis razonable para explicar por qué los políticos asumen ahora el riesgo de recortar el Estado de Bienestar (recuérdese que no lo asumieron en los años 80) es la de que quizá los ciudadanos han dejado de apoyar, al menos con la intensidad que lo hacían antes, las políticas sociales. 

¿Qué sabemos al respecto? Se ha demostrado empíricamente que el simple paso del tiempo no ha erosinado el apoyo al Estado de Bienestar en Occidente. Sin embargo, algunos autores han llamado la atención sobre que distintos cambios en el entorno de los Estados de Bienestar podrían minar las bases de su amplio apoyo. 4 ejemplos:

1) Es posible que entre la ciudadanía se haya extendido el temor a que el Estado de Bienestar o alguna política pública específica no sea sostenible en el futuro. Sabemos que la percepción de que el sistema es insostenible está asociada a menos apoyo. Por ej., el acelerado envejecimiento de la población siembra dudas entre la ciudadanía sobre si en el futuro podrá disponer de una pensión pública para su vejez. Tales dudas pueden hacer que los ciudadanos prefieran pagar menos impuestos para ahorrar por su cuenta. Cuando en el futuro menos gente dependa del sistema público, los políticos lo tendrán más fácil para recortar. Y es que las actitudes hacia el bienestar están formadas por la conjunción de valores e intereses y, en este caso, puede ocurrir que predominen más los intereses que los valores. 

2) La sociedad se ha hecho más diversa y compleja. Por ejemplo, si el Estado de Bienestar no es lo suficientemente inclusivo como para evitar la competencia entre nacionales y extranjeros por recursos cada vez más escasos (el empleo o las prestaciones sociales), se producirán problemas. Si unos u otros no se sienten protegidos o se sienten discriminados, el apoyo a un sistema hasta entonces considerado como exitoso puede resentirse. 

 3) Distintos estudios han demostrado que la percepción de un mal funcionamiento de las sistema de bienestar, en términos de que éste no logra proteger a las clases medias, trabajadoras y los más débiles, no hace que el apoyo social al Estado de Bienestar se resienta sino, al contrario, implica normalmente una mayor demanda de más intervención pública e incluso de respaldo a una subida de impuestos porque los ciudadanos creen que, en realidad, la ineficacia se debe a la falta de recursos. 

Sin embargo, si como consecuencia de la crisis se producen recortes que empeoran la calidad y eficacia de los servicios públicos y esta situación de deterioro se mantiene en el tiempo, es posible que la confianza en el sistema se debilite. Un reciente trabajo sobre distintos países europeos advierte de que tras la crisis, aunque el apoyo de las clases trabajadoras en el Estado de Bienestar permanezca, la confianza de estas mismas puede haberse resentido por la incapacidad que el sistema manifestó para protegerlos adecuadamente. Asimismo, también se puede resentir la de aquellos que, aunque habiendo sido protegidos, antes de la crisis estaban satisfechos con el funcionamiento de los servicios públicos pero, tras los recortes, dejen de estarlo al encontrar los mismos deteriorados. 

El paso del tiempo no parece erosionar por sí mismo el apoyo al EB. Pero las medidas que se adopten o no durante la crisis pueden ser determinantes para que se fortalezca o se resienta el apoyo de los ciudadanos al Estado de Bienestar en un futuro no tan lejano.

¿Cuánto les importa a los políticos la opinión pública sobre el Estado de Bienestar? I

Una cuestión central de las democracias actuales es la que tiene que ver con si las instituciones políticas democráticas proporcionan incentivos para que las elites incorporen las preferencias del electorado. La manera y alcance en que la opinión pública influye en las políticas públicas ha atraido la atención de politólogos y sociólogos al menos desde los años 50 del siglo XX. Hoy existe suficiente evidencia para poder afirmar que la opinión pública sí importa cuando se diseñan o reforman las políticas, pero su relevancia puede variar en función de diferentes factores, como por ejemplo, del sector de políticas de que se trate. En la actualidad, sabemos que las políticas sociales constituyen un sector donde la opinión pública influye de manera intensa frente a otros menos visibles para la ciudadanía.

Tal relación entre opinión pública y políticas públicas se hace especialmente interesante alrededor de las reformas y recortes del Estado de Bienestar. Tras estudiar las reformas ocurridas en Reino Unido y Estados Unidos en los años 80, Paul Pierson aseguró que una de las razones por las que el recorte del Estado de Bienestar en estos países no había sido tan acusado como anticipaba la agresividad de los discursos contra el tamaño del Estado de M. Thatcher y R. Reagan, fue precisamente el apoyo de la opinión pública a las políticas sociales. 

Un decidido apoyo de la ciudadanía a estas políticas, incluso en Reino Unido y Estados Unidos, países que acostumbran a ponerse como ejemplo de un cultura política menos proclive a la intervención del Estado, hace, en principio, improbables los recortes, al menos los de tipo radical. Los gobernantes temerosos de no revalidar sus resultados electorales no se atreven a proponerlos o se ven obligados a negociar sus paquetes de reforma, lo que finalmente acaba rebajando sus pretensiones de recorte y haciendo que los responsables públicos prefieran asear las políticas existentes antes que experimentar con nuevos programas. En este sentido, la opinión pública es un contrapeso de los cambios abruptos en las políticas. 

Sin embargo, más recientemente se ha demostrado que, contrariamente a lo ocurrido en los años 80, a partir de la segunda mitad de los 90, numerosos gobiernos pusieron en marcha iniciativas de reforma de las políticas sociales. Igualmente, en la actualidad, sumidos en una gravísima crisis financiera, los gobiernos han comenzado a recortar abiertamente programas públicos que solo hace unos años parecían sagrados, como la sanidad, las pensiones o la educación. ¿Qué está ocurriendo? ¿Por qué los responsables públicos se han decidido a aplicar recortes en contra de sus interés principal que es el mantenerse en el gobierno? ¿Confian los políticos en convencer a los ciudadanos de que los recortes son necesarios? o ¿Es que los políticos realmente no tienen interés en lo que opinen los ciudadanos? 

Lo más llamativo, es que frente a lo que se esperaba, los ciudadanos no siempre han reaccionado a los recortes con el castigo electoral  ¿Es que que los ciudadanos ya no apoyan el Estado de Bienestar? Vayamos por partes... próximamente....

Pero ¿realmente saben nuestros decisores públicos de lo que hablan?

No deja de llamarme la atención el que políticos de todos los colores, altos funcionarios que participan en la adopción de decisiones e incluso algunos académicos de los que crean opinión, afirmen sin parar que es necesario hacer pedagogía con los ciudadanos. Afirman que hay que explicar a la ciudadanía que no puede seguir deseando que se gaste tanto dinero público o que no deben oponerse a los recortes en políticas como la sanidad o la educación. Atribuyen estos deseos ciudadanos a una supuesta inconsciencia, inmadurez o infantilidad.

Yo no puedo evitar que me cause sorpresa que se acuse a los ciudadanos de tener un carácter caprichoso por querer más sanidad y educación pública, sobre todo cuando se les dice que, al menos por lo que se refiere a la educación, todavía estamos a gran distancia de los países a los que nos gustaría parecernos. Pero la principal razón de mi sorpresa es que tales afirmaciones me demuestran que estos colectivos elitistas desconocen dos características esenciales de la sociedad para la que gobiernan o de la que se atreven a opinar. (Aunque no tengan en muchos casos tantos ingresos como para ser calificados de "ricos", son realmente elites desde un punto de vista económico porque en su hogar ingresan más de 6.000 euros al mes que es mucho más que el ingreso medio por hogar -2.050 euros mes en 2010 según el INE-).

La primera cuestión que desconocen es la estructura económica de los hogares en España. En 2011, un 62% de los hogares tenía dificultades para llegar a fin de mes o afirmaba no tener capacidad para afrontar gastos imprevistos (INE). En muchos de estos hogares vive la clase media formada por profesores, médicos, pequeños empresarios, asalariados…. Se trata de una clase media que puede denominarse así porque ¡contamos con educación y sanidad pública!

Quizá quienes deciden y opinan sí puedan, pero estas elites deberían enterarse de una vez por todas de que la mayoría de las familias españolas no pueden permitirse ni un seguro sanitario privado ni menos aún un colegio privado (a no ser que sea concertado -es decir, pagado con el dinero de todos-). El seguro médico de una familia de cuatro miembros asciende hoy al mes a unos 350 euros (con coberturas y grados de protección limitados en caso de enfermedad duradera o grave). Un colegio privado puede estar alrededor de los 800 euros al mes (con dos hijos, 1.600 euros). En resumen: sanidad y educación privadas pueden ascender a unos 1.950 euros por mes para una familia de cuatro miembros. Como la gente suele tener la mala costumbre de comer a diario y además está obligada a pagar su hipoteca o alquiler, es muy difícil que le salgan las cuentas. A esta gente le aterra el pensar que pasará si, como resultado de los recortes, ha de optar 1) por fórmulas que le cuesten más dinero que el que ya paga con sus impuestos o 2) por seguir en unos servicios públicos que, descapitalizados por estos mismos recortes, no les ofrecen las garantías que les ofrecían antes. Es decir, me parece a mí que de infantiles, los ciudadanos no tienen nada. Se trata más bien de ciudadanos responsables y preocupados por la educación y la salud de sus familias.

La segunda caracteristica es que estas elites tampoco conocen lo que realmente opinan los ciudadanos. Por ejemplo, parecen no saber algo que empíricamente se demostró ya hace mucho tiempo: los ciudadanos auto-limitan sus demandas cuando consideran que se ha conseguido un nivel adecuado del bien o servicio que reciben a cambio de los impuestos que pagan. En el caso de España, desde hace casi dos décadas el CIS viene preguntando anualmente a los ciudadanos por su aceptación de recortes en distintos sectores de política pública. Es cierto, que la mayoría de ellos se oponen a los recortes en periodos de bonanza, pero también es cierto que en periodo de crisis, los ciudadanos entienden que hay que recortar. Durante la crisis, no se ha movido apenas de porcentaje de contrarios al recorte en sanidad, educación o pensiones (alrededor de un 90% de la población) pero ha crecido llamativamente el porcentaje de quienes creen que hay que recortar en defensa, cultura, infraestructuras, medioambiente o incluso en seguridad ciudadana. Creo que esto demuestra que los ciudadanos son extremadamente responsables. Priorizan la sanidad, educación y pensiones porque consideran que garantizan así la seguridad económica de sus familias y la igualdad de oportunidades.

El Futuro de los Estados de Bienestar Europeos

Los días 16 y 17 de abril se ha celebrado en la sede de la Representación de la Comisión Europea en Madrid el XXIII Seminario Permanente de Economía y Administraciones Pública organizado por la Fundación José Ortega y Gasset- Marañón y Goberna América Latina sobre “Futuro del Estado de Bienestar”. El seminario ha abordado este tema de la máxima actualidad a través de la participación de expertos académicos en cada uno de los temas abordados y así como de los representantes de dos de los think-tanks españoles más influyentes, la Fundación Ideas y la Fundación FAES.
Según los ponentes, los Estados de Bienestar europeos se enfrentan a la crisis económica actual en condiciones desiguales. En el caso de
España, la crisis económica ha impactado en su Estado de Bienestar con enorme fuerza. Por otro lado, nuestro Estado de Bienestar es aún modesto y sin haber logrado consolidarse ni alcanzar en generosidad a de los europeos, se ve obligado a reinventarse. Por otro lado, debido a que las bases del modelo productivo han demostrado tener pies de barro, se produje la paradoja de que nuestro Estado de Bienestar presenta problemas de sostenibilidad cuando más necesario se hace para los ciudadanos.
Los ponentes han mostrado que el crecimiento económico no es suficiente para garantizar la cohesión y que para lograrla es imprescindible la existencia de políticas redistributivas. Igualmente, se ha demostrado que los países con Estados de Bienestar más generosos son también aquellos en los que hay menor desigualdad, mayor desarrollo ecónomo y una democracia de mejor calidad. Cada uno de los intervinientes ha realizado propuestas novedosas en distintos sectores de política que tratan de conciliar los retos de sostenibilidad fiscal con los de profundización en la justicia social. Finalmente, se ha argumentado a favor de un nuevo paradigma, que algunos llaman el de la Inversión Social, para el Estado de Bienestar que venga a corregir las limitaciones de las propuestas neoliberales que no consiguen expresar los deseos de los ciudadanos europeos.
Aunque los europeos consideran que puede recortarse en algunos sectores de política pública concretos, como la defensa o las infraestructuras, se muestran mayoritariamente a favor de sostener colectivamente sistemas sanitarios, educativos o de pensiones de cobertura universal y claramente contra de modelos residuales, solo para los más desfavorecidos, en estas políticas. Junto con el apuntalamiento de estas políticas clásicas, en los distintos debates se ha discutido la idoneidad de la activación, la flexi-seguridad, el contrato único o diversas iniciativas para corregir la creciente pobreza infantil.