A partir de la crisis de 2008, el futuro del Estado de Bienestar (EB) se observa con incertidumbre, en particular
por parte de quienes viven en los países del sur de Europa. De entre todos
los actores políticos y sociales, hay uno, la socialdemocracia, de quien
especialmente se esperarían propuestas sólidas de adaptación del EB
tradicional, y más si ésta realmente ha asumido, como a veces parece haberlo
hecho, que la globalización y la post-industrialización hacen inviable el EB tal y como lo conocemos. En contra de lo que pudiera parecer ahora no existe un único
camino posible por el que pueda transitar el Estado de Bienestar (EB).
Una opción
claramente reconocible en el debate es la de quienes piensan que si es necesario
mantener un EB, éste tiene que ser mínimo. Por un lado, en
opinión de algunos la responsabilidad para garantizar el bienestar debe
devolverse a la comunidad. Se aboga por la desburocratización y la auto-gestión
comunitaria de forma que ésta esté más localizada y sea menos jerarquizada. Por
otro lado, los neoconservadores y los neoliberales son, por ejemplo,
partidarios de que la responsabilidad por el bienestar recaiga en las familias
y en los mercados, mientras que el alcance del Estado debe limitarse a la
provisión de la seguridad colectiva frente al exterior, la preservación de la
ley (normas que regulan la propiedad privada y los contratos,
esencialmente) y el orden, y la provisión de aquellos bienes públicos que el
mercado no puede proporcionar de forma eficiente (p. ej., construcción
de carreteras o seguridad interior). Como mucho, el Estado podría intervenir
como última red de protección social, cuando los otros mecanismos han
fallado.
Sin embargo,
estas propuestas presentan numerosos problemas prácticas
y sustantivos.
Por ej., problemas derivados de los riesgos de la informalidad en la
prestación de los servicios como la falta de continuidad en los mismos o la
arbitrariedad –-ambas mejor garantizadas por el aparato estable e impersonal
del Estado--; de la inequidad a que pueden dar lugar soluciones demasiado
locales; la falacia de la libre elección ya que ésta se limita solo a los
más afortunados económicamente, mientras que los servicios públicos mal dotados
o financiados se queden para los que no pueden elegir por disponer de menos
recursos económico o sociales; o, entre otras muchas críticas, el alto riesgo
de reproducción de las desigualdades derivadas de la familia donde se nace, si
no existe ningún mecanismo que garantice la igualdad de oportunidades. Debido a los problemas mencionados, la socialdemocracia no parece
que pueda aceptar las dos propuestas relacionadas con el Estado mínimo.
El Estado de Bienestar orientado a la inversión
social, basándose en propuestas de Giddens y/o Esping-Andersen,
parte de la idea de “preparar” más que “reparar”. En la era del conocimiento, el aprendizaje continuo (y en cierto
modo la auto-reinvención) a lo largo de la vida, se convierte en una necesidad
básica para lograr navegar con éxito en un economía distinta, en la cual, mal
que nos pese, la seguridad (del empleo y otras) ha dejado de existir y han
surgido nuevos riesgos sociales (derivados del nuevo papel de la mujer, de la postindustrialización, de la inmigración, del envejecimiento, entre otros...). En este contexto y frente a
la visión neoliberal, en la que las políticas sociales son vistas
como un rémora y un coste que hay que minimizar, esta propuesta, que aspira a
convertirse en el nuevo paradigma inspirador del EB del siglo XXI, considera
que las políticas sociales pueden utilizarse estratégicamente para contribuir
al crecimiento económico y del empleo a la vez que a satisfacer sus objetivos
inmediatos de luchar contra la desigualdad y la pobreza.
El énfasis se
hace en políticas que inviertan en capital humano (la educación temprana de los
niños, basada en la evidencia que sostiene que la escolarización temprana
previene la pobreza y la desigualdad, y la formación constante, a lo largo de toda la vida) y en
otras que hacen más eficiente el capital humano (a través de políticas de apoyo
a las mujeres y los padres o madres solos, las políticas activas de empleo y la
llamada flexiseguridad, la vejez activa, la integración de los inmigrantes y la
modernización administrativa). Algunas críticas sostienen que estas propuestas suponen mayor intervención del
Estado y otras, casi opuestas, le acusan de entrar en la lógica
neoliberal. Sin embargo, en relación con las últimas, Morel, Palier y Palme (2012)* argumentan que existen diferencias sustantivas tanto en el diagnóstico de los
problemas como en las soluciones y sus objetivos. La equidad
se presenta como un elemento clave o las políticas de activación laboral no
sustituyen sino que complementan las tradicionales políticas de protección.
Además, la universalidad y la perspectiva de un Estado que acompaña a lo largo
de la vida son centrales en esta propuesta.
De manera mucho más sintética de lo merecen, también tienen interés las ideas
sobre el bienestar basado en dotaciones universales de capital o renta.
Esta última, implica la concesión de un renta básica sin ninguna condición a cada ciudadano. Se justifica porque una parte de la riqueza de cada generación es el
resultado del conocimiento acumulado de las generaciones anteriores y del uso
de recursos que, como el medio ambiente, son patrimonio de toda la sociedad y
por los cuales todos merecen ser compensados. La primera consistiría en dotar a cada ciudadano
de un capital básico determinado
(para algunos se trata de capital social, en el sentido de habilidades, etc…,
para otros de capital real -existen propuestas de entre 1.000 y 80.000$-) al
cumplir la mayoría de edad que sería financiado a través de los impuestos, que el ciudadano
podría utilizar de diversas maneras (algunos proponen que se limiten a aspectos
relacionados con el bienestar) y con la finalidad última de evitar condiciones
desiguales de partida y aumentar la autonomía personal. Aunque estas propuestas han sido criticadas, algunas iniciativas de
política pública se basan en gran medida en esta idea, p. ej., las ayudas
que se conceden por nacimiento.
* Nathalie MOREL, Bruno PALIER y Joakim PALME (eds.) 2012: Towards a social investment Welfare State. Ideas Policies and Challenges. Bristol, The Policy Press.
* Nathalie MOREL, Bruno PALIER y Joakim PALME (eds.) 2012: Towards a social investment Welfare State. Ideas Policies and Challenges. Bristol, The Policy Press.
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