La semana pasada proponía un Breve balance de situación del Estado de Bienestar español (datos para poder opinar en las tertulias con un poco de fundamento) y me comprometía a profundizar en esos datos política por política. Empiezo hoy con la sanidad (aunque no me resisto a recordar que se estima que gastaremos 212.000 millones de euros en sanear la banca mientras que el último recorte de Rajoy es de 65.000 millones ¡imaginen lo que podría hacerse en educación o sanidad con la primera cifra!).
A pesar de que la
mayoría de los españoles habría afirmado que el sistema sanitario (SNS) era de
cobertura universal, lo cierto es que no alcanzó tal naturaleza hasta julio de
2011 en la Ley General
de Salud Pública, mediante la que el Gobierno de Zapatero con el apoyo del arco
parlamentario reconoció la protección sanitaria a los 200.000 ciudadanos
(alrededor de un 0,5 de la población) que carecían de ella, entre ellos
desempleados sin prestación y profesionales autónomos. Sin embargo, ésta parece
haber sido la última buena noticia en el sector.
Tanto el Gobierno Central como la mayoría de las C.
Autónomas (CCAA) han actuado sobre la sanidad estos años. Un primer conjunto de
medidas ha pretendido reducir nuestro abultado gasto farmacéutico que es uno de
los mayores del mundo (OCDE 2011). Como reconoce la Ministra de Sanidad, uno
de cada 4 euros en sanidad se gasta en farmacia y representa la causa principal
de la deuda sanitaria española (recuérdese, sin embargo, que el peso de la
sanidad en el conjunto del PIB español es menor que el de los países de nuestro
entorno y a pesar de ello tenemos un sistema sanitario eficaz y eficiente a
juicio de la Organización Mundial de la Salud
y los ciudadanos (datos del Eurobarómetro). Estos datos en gráficos se pueden ver más abajo.
El gasto farmacéutico
tiene un fuerte impacto redistributivo y por ello las actuaciones sobre él no
deben considerarse marginales. En 2010, el Gobierno del PSOE trató de
contener este gasto mediante la aprobación de varias medidas como la obligación
de recetar por principio activo o la imposición de rebaja de precios a la
industria farmacéutica. Estas medidas, que preveían alrededor de 5.000 millones
de euros de ahorro, no fueron sin embargo eficaces, debido entre otras razones a la enorme presión de la Industria Farmacéutica.
Ya con el Gobierno
del PP, el RDL 16/2012 de 20 de abril, de medidas urgentes para
garantizar la sostenibilidad del SNS y mejorar la calidad y seguridad de sus
prestaciones contiene más iniciativas destinadas a conseguir más el primer objetivo
que menciona, a través del ahorro de unos 7.000 millones de euros, que el
segundo. Estas medidas pueden calificarse de un recorte claro que tendrá un impacto serio en la ciudadanía. En
lo que se refiere al gasto en farmacia, la norma apuesta por un incremento del
copago farmacéutico para los trabajadores activos (entre un 40 y un 60% del
precio según su renta), introduce el copago a
los pensionistas (entre 8 y 60 euros al mes según la renta), deja de
financiar 456 medicamentos y parte de otros productos farmacéuticos como prótesis,
productos dietéticos y el transporte en ambulancia para casos no urgentes.
Según algunos cálculos el gasto farmacéutico sufragado por los pacientes se
doblará, pasando del 6 % actual a
un 12% y, lo peor es que en algunos casos es probable que el gasto
aumente porque los pacientes presionarán para que se les receten fármacos
financiados.
Más allá del gasto farmacéutico, en esta norma se excluye de
la asistencia sanitaria a la población inmigrantes de más de 18
años en situación irregular, teniendo únicamente acceso a las urgencias en casos
de enfermedad
grave o accidente y en asistencia al embarazo, parto y
postparto. El Gobierno tuvo que corregir
la exclusión de algunos colectivos concretos que con la norma mencionada
quedaban sorprendentemente sin protección (como los mayores de
26 años que no hubieran cotizado y no pudieran demostrar la falta de recursos).
Aún así, hoy están protegidos todos los que residan legalmente en España salvo
los que no han cotizado antes y tengan rentas inferiores a 100.000 euros. Todas
esas exclusiones no dejan de ser llamativas y muy preocupantes en un país donde
se supone que la sanidad es universal.
El País Vasco, por ejemplo, ha asegurado mediante norma (Decreto
114/2012, sobre el régimen de las prestaciones sanitarias del SNS en el
ámbito de la CA Euskadi)
la cobertura de toda la población residente en la CA incluidos inmigrantes en situación irregular y
la no aplicación de los copagos farmacéuticos o la exclusión de medicamentos. Pero
lo cierto es que la mayoría de las CCAA han anunciado todo tipo de recortes (personal, prestaciones, horarios de
atención o cobertura), tasas (ej. de renovación o extravío de la tarjeta
sanitaria) y copagos (ej. el céntimo sanitario), importantes privatizaciones que
aunque pueden disimular la deuda los primeros años, a medio plazo aumentarán el
gasto sanitario (ver Pollock, Hellowelly) y otros cambios significativos y graves como la alteración de los
criterios de planificación sanitaria en el caso de Madrid.
En la práctica y para finalizar, los recortes en este ámbito
alteran el caracter univerasl de la sanidad, con bastante seguridad conducirán a la
existencia de varios modelos sanitarios no solo entre los ciudadanos de
distintas CCAA sino también entre los de diferente nivel de renta y modificarán
muy a la baja la capacidad redistributiva del gasto sanitario, lo que hará que aumente la desigualdad (recuérdese que España es uno de los países con más desigualdad) y la pobreza (también estamos entre los campeones de la pobreza como vimos en la entrafa anterior). Posiblemente ello
supondrá un deterioro de la calidad objetiva y de la calidad percibida de
nuestro sistema sanitario, que hasta ahora estaba situado entre los mejores del
mundo (ver gráficos abajo) y, lo peor de todo, un deterioro de la salud de los ciudadanos. Lo más frustrante es que
estas medidas podrían haberse sustituido por otras sin un impacto tan negativo (ah! y recuerden los 212.000 de la banca).
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